El Govern balear sancionará con multas de entre 3.000 y 600.000 euros a las empresas que incumplan la obligación de solicitar el certificado COVID-19, un hecho que se considerará como una infracción grave o muy grave.
Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Iago Negueruela, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en el que se ha aprobado un decreto que actualiza el marco de sanciones relacionadas con las medidas sanitarias en Baleares.
Negueruela ha recordado que en los espacios en los que se exige el pasaporte COVID es necesario no sólo preguntar si se cuenta con el certificado, sino que el responsable del control debe ver el documento y además debe confirmar la identidad de los usuarios comprobando el DNI.
Esta actualización de las sanciones se ha aprobado el mismo día que el Govern ha acordado extender el uso del certificado COVID a toda la restauración, incluyendo a los bares más pequeños, en Mallorca, Ibiza y Menorca.
Por otra parte, también se tratarán como falta grave o leve otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones establecidas por el Estado o por la Comunidad Autónoma por la pandemia cuando produzcan un riesgo o daño grave para la salud de la población.
Cabe recordar que las sanciones previstas en el Decreto sancionador son de 100 a 3.000 euros para infracciones leves, de 3.001 a 60.000 euros para infracciones graves y de 60.001 a 600.000 euros para incumplimientos muy graves.
Modificación de la normativa
El decreto ley que recoge esta actualización de las sanciones por infracciones de normas sanitarias también toca diferentes aspectos de la legislación balear en materias muy diversas, como la regulación de las cámaras de comercio, las bonificaciones del transporte marítimo o las farmacias, entre otras.
El decreto aprobado este jueves incluye una modificación legal para garantizar financiación específica para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma. Asimismo, en cuanto a las cámaras de comercio, se introduce una consignación anual en el presupuesto autonómico para financiar sus gastos estructurales y de servicios que prestan.
Precisamente, esta semana se debatía en el Parlament, en el marco de la aprobación de los presupuestos de 2022, una enmienda en este mismo sentido. Sin embargo, la enmienda no se votó debido a que Vox se opuso a la transacción. Negueruela ha criticado que un grupo que no había presentado ninguna enmienda parcial a los presupuestos bloquease la votación, en lugar de limitarse a votar en contra.
Por ello, habida cuenta del consenso entre el resto de grupos parlamentarios, Negueruela ha señalado que el Govern se ve plenamente legitimado para aprobar esta propuesta vía decreto.
Otras modificaciones
El decreto aprobado este jueves también incluye una regulación de la declaración responsable aprobada para agilizar la tramitación de obras, ya que expiraba al finalizar este 2021. Ahora se ha acordado una nueva figura de declaración responsable hasta el 31 de diciembre de 2025, ligada a la ejecución de obras susceptibles de ser financiadas con fondos de recuperación, como obras de eficiencia energética, por ejemplo.
Igualmente, el decreto aclara la normativa sobre la bonificación del transporte marítimo interinsular para los residentes baleares, ya que se pueden acumular las bonificaciones de residencia a otros descuentos --como el de familia numerosa-- siempre que no se supere el 100% de la tarifa.
El decreto también modifica la ley de ordenación farmacéutica, de manera que cuando un titular de una oficina de farmacia la cierre --o no haya podido abrir al anularse una adjudicación--, tendrá 15 días para solicitar una de las farmacias vacantes que consten en el catálogo.
Por último, de forma cautelar el Govern utilizará una suspensión transitoria de la concesión de nuevas autorizaciones para abrir locales de juego (casinos, bingos, salas de juego, etc) hasta la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y apuestas en Baleares, y del resto de disposiciones reglamentarias. Esto implica la suspensión de la vigencia de varios artículos.
