Un total de 42 entidades y siete ciudadanos han presentado 946 alegaciones al anteproyecto de la futura ley educativa de las Islas Baleares, que este viernes ha sido presentado por el conseller de Educación, Martí March, durante el Consell Económico y Social.
El conseller ha destacado que este anteproyecto es un "hito histórico", pues significa la creación de la primera ley integral de educación del archipiélago, y ha resaltado el esfuerzo por "contar con la máxima participación posible", para garantizar un consenso.
En un comunicado, la Conselleria de Educación ha remarcado que esta futura ley está siendo diseñada a partir de un "gran" proceso de participación y ha señalado que las alegaciones presentadas durante su debate son una muestra de ello.
Paralelamente a este proceso participativo, el Consell Escolar de Baleares está elaborando un informe sobre el anteproyecto de esta ley, que se transmitirá posteriormente a la Conselleria de Presidencia para que la remita al Consell de Govern.
El Consell de Govern será el encargado de aprobar el anteproyecto de esta ley y, finalmente, se iniciará su tramitación parlamentaria. En este sentido, se están realizando reuniones con todos los grupos políticos para alcanzar el máximo apoyo y consenso.
"Tenemos que ser capaces de encontrar los puntos en común en los que todos estemos de acuerdo", ha manifestado March, que también ha subrayado que "la política educativa da resultado cuando hay una continuidad".
La Conselleria ha recordado que esta ley "marca las líneas a seguir durante los próximos años para conseguir un sistema educativo más estable, innovador e inclusivo". Asimismo, ha reivindicado que su objetivo es "mejorar la calidad" de la educación en Baleares.
Autonomía pedagógica
Entre los aspectos de esta ley se encuentran la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros; el diseño curricular por competencias; el impulso de la innovación educativa, y la regulación de la función docente.
También garantiza el compromiso de llegar al cinco por ciento del producto interior bruto (PIB) de inversión en educación; un modelo lingüístico basado en la adquisición de las competencias establecidas, y más vías de participación de la comunidad educativa.
Por otra parte, busca una nueva estructuración de las delegaciones territoriales, dotándolas de mayor capacidad administrativa; la regulación del primer ciclo de educación infantil, y la promoción de la Formación Profesional.
Finalmente, contemplan la creación del Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores y la institucionalización de las políticas que se han estado haciendo desde 2015 en la enseñanza concertada, como la escolarización equilibrada.
"Caminar hacia la prosperidad económica supone contar con una ciudadanía formada para el siglo XXI y, ante un momento de incertidumbres como el que vivimos, solo se puede responder desde el conocimiento", ha reivindicado el conseller.
