miércoles. 19.02.2025

Comunidades y ayuntamientos mantienen las bonificaciones al transporte tras la derogación del decreto

Baleares, Madrid, Barcelona y otras regiones aseguran la continuidad de los descuentos mientras esperan una solución del Gobierno.
Un autobús de la EMT - Eduardo Parra
Un autobús de la EMT - Eduardo Parra

Tras la derogación este miércoles en el Congreso del decreto ley ómnibus, que incluía ayudas al transporte público, varias comunidades autónomas y ayuntamientos han anunciado que mantendrán las bonificaciones actuales mientras se definen los próximos pasos del Gobierno central.

Baleares: gratuidad garantizada

El Govern balear ha asegurado que la gratuidad del transporte público autonómico se mantendrá. Además, el PP ha adelantado que presentará una iniciativa en el Congreso para aprobar esta medida de manera específica.

Madrid, Barcelona y otras regiones mantienen los descuentos

  • Madrid: Se mantiene el 60% de bonificación en el transporte público "de momento", mientras la Comunidad reclama al Gobierno que financie estas ayudas.
  • Barcelona: La ATM continuará con un 20% de descuento en las tarifas, aunque cualquier cambio será comunicado oficialmente.
  • Murcia: Se asegura un 20% de descuento en los bonos multiviaje de transporte interurbano.
  • Santander y Torrelavega: Santander mantendrá el 50% de descuento en el transporte urbano y Torrelavega lo extenderá durante todo enero.
  • Vizcaya y Álava: La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Vitoria seguirán aplicando descuentos del 50%, mientras esperan una decisión del Gobierno.
  • Canarias: El Cabildo de Tenerife ha garantizado la gratuidad del transporte público durante todo 2025, aunque el Gobierno regional pide un decreto específico para asegurar la financiación.
  • Zaragoza: Mantendrá el precio actual del transporte mientras se espera una solución estatal.

Impacto de la derogación

El decreto ómnibus, que contemplaba medidas como la revalorización de pensiones y la prohibición del corte de suministros básicos, fue rechazado en el Congreso con 177 votos en contra frente a 171 a favor. Esto deja sin respaldo legal las ayudas al transporte público y obliga a buscar alternativas para su continuidad.

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