El decreto obliga a empresas de hospedaje y alquiler de vehículos a registrar datos detallados
Este lunes, 2 de diciembre, entra en vigor el Real Decreto 933/2021, que establece la obligación de registro documental para empresas de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, incluyendo multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores. Según el Ministerio del Interior, esta normativa busca reforzar la seguridad ciudadana frente al terrorismo y el crimen organizado, adaptándose a las nuevas modalidades de alojamiento y alquiler.
Empresas obligadas y datos a registrar
El decreto afecta tanto a empresas como a particulares que ofrezcan servicios de hospedaje o alquiler de vehículos. Entre los datos obligatorios para el registro se incluyen:
- Empresas de hospedaje: Datos del establecimiento, información completa de los viajeros (nombre, DNI, nacionalidad, residencia habitual, entre otros) y detalles del contrato (fechas, forma de pago, etc.).
- Empresas de alquiler de vehículos: Información del arrendador, datos de los conductores y detalles del contrato.
La plataforma Ses.Hospedajes, operativa desde 2022, será el sistema donde se centralicen estos registros. Actualmente, cuenta con más de 61.000 establecimientos registrados y 4,77 millones de datos de usuarios.
Multas y sanciones
Las sanciones se dividen en leves y graves, con multas que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros:
- Leves: Errores en los registros o comunicaciones fuera de plazo (100-600 euros).
- Graves: Falta de registro o comunicaciones obligatorias (601-30.000 euros).
El Ministerio asegura que no se trata de una medida recaudatoria, sino de un esfuerzo por modernizar una normativa obsoleta y adaptarla a la realidad actual, donde plataformas digitales y reservas online tienen un papel predominante.
Críticas del sector y justificación del gobierno
El decreto ha recibido críticas de sectores como el hotelero y las agencias de viajes, que señalan un aumento en la carga burocrática y riesgos para la privacidad de los usuarios. No obstante, Interior defiende que los datos requeridos no son distintos de los ya solicitados actualmente y subraya que la normativa busca incrementar la seguridad ciudadana.
Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se destaca que en los últimos años el registro de datos ha permitido localizar a más de 18.000 personas incluidas en bases de datos nacionales o internacionales de señalamiento, mostrando la eficacia del sistema en la lucha contra el crimen organizado.
El nuevo registro aspira a equilibrar la seguridad con la competitividad empresarial, garantizando que las empresas afectadas no tengan que realizar inversiones significativas en su implementación.
