El Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel por delito de sedición para los 22 migrantes que huyeron tras forzar un aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Son Sant Joan en noviembre del año pasado.
Cabe recordar que los pasajeros huyeron del avión que hacía la ruta Casablanca-Estambul aprovechando un aterrizaje por una supuesta emergencia médica, que resultó fingida. La mayoría de migrantes huidos fueron detenidos el mismo día del incidente, otros en las semanas posteriores tras una orden nacional de búsqueda y captura del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma. Tres, en cambio, siguen en paradero desconocido.
Precisamente, hace sólo una semana, otros 28 migrantes escaparon de madrugada de un avión procedente de Casablanca, en Marruecos, provocando un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona para atender a una mujer que supuestamente estaba de parto.
La Fiscalía subraya que el grupo de migrantes ideó "un plan para adentrarse en territorio español sin cumplir los requisitos legales". "Intencionadamente demoraron la reanudación del vuelo e iniciaron un motín" en el avión mientras estaba en el aeropuerto de Palma "generando caos para con absoluto desprecio" a la normativa y a la tripulación que ordenó estar sentado en los asientos, entrar en España.
El Ministerio Fiscal explica que todo se orquestó a través de un grupo de Facebook, en el que el cabecilla, "cuya verdadera identidad se desconoce", hizo un llamamiento y perpetró un plan basándose en que una persona fingiría que tenía una emergencia por su enfermedad diabética.
En su escrito, adelantado por 'ElDiario.es', la Fiscalía sostiene que los migrantes provocaron una situación "sin precedentes en el espacio aéreo", en la que "amedrentaron" a la tripulación para finalmente "huir a la carrera" por las pistas generando una "situación de peligro para personas, aeronaves e instalaciones, así como para el propio tránsito aéreo".
A los 22 procesados, que permanecen en prisión provisional y cuyo juicio se celebrará en 2023, Fiscalía les atribuye un delito de sedición basado en la Ley de 1964, el mismo que el Gobierno pretende reformar. Alternativamente, les atribuye un delito de coacciones por los que pide una pena de tres años de prisión.
Igualmente, les atribuye un delito de maltrato y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que solicita seis meses y ocho meses de prisión respectivamente.
