Ante la avalancha de solicitudes de Renta Social Garantizada (Resoga) que viene recibiendo el Govern Balear desde noviembre, y la provisión de que la tendencia se mantenga, la comunidad autónoma ha adoptado una medida inusual para agilizar su tramitación.
Concretamente, el Govern aprobará las solicitudes de Resoga tras la presentación de una declaración responsable por parte de los solicitantes, según ha expuesto la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, tras la reunión del Consell de Govern de este lunes.
De este modo, las solicitudes presentadas recibirán resolución estimatoria con la presentación de una declaración responsable de que se cumplen los requisitos, que se revisarán tras la aceptación.
Se trata de una de las medidas excepcionales que el Consell de Govern ha aprobado este lunes, dentro del Decreto Ley 1/2021, para paliar los efectos económicos que ha causado la pandemia de la COVID-19.
El Decreto Ley aprobado este lunes permitirá a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes avanzar el pago de la renta social garantizada (RESOGA) a las familias sin ingresos económicos de Baleares a las que se haya desestimado el ingreso mínimo vital (IMV), total o parcialmente, y cumplan con los requisitos de la prestación autonómica.
Así pues, en lugar de, como se hacía hasta ahora, llevar a cabo una revisión previa antes de conceder la renta social, con el tiempo que esto supone, la revisión se hará a posteriori.
Según ha resaltado la consellera, para mantener el ritmo actual --de unas cinco semanas-- de revisión de los expedientes ante el incremento de la demanda habría que "cuadruplicar" los recursos humanos y económicos.
De este modo, las personas solicitantes bastará que presenten la solicitud de renta social -o haberla presentado ya- una vez se tenga la resolución denegatoria del IMV, y una declaración responsable en la que se indique que se cumplen los requisitos de la prestación económica autonómica.
La revisión se hará a posteriori y, si no se cumplen los requisitos de concesión o éstos se dejan de cumplir, se suspenderá el pago y se exigirá el regreso de las cuantías recibidas indebidamente.
El objetivo es evitar que las familias sin ingresos que llevan meses esperando cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) y que finalmente se les ha denegado por no cumplir alguno de los requisitos, puedan acceder directamente a la renta social y no estén más tiempo sin cobrar.
La renta social garantizada es una prestación subsidiaria. Por eso, antes de solicitarla, los interesados tienen que haber optado a recibir el ingreso mínimo vital, el cual depende del Gobierno de España.
Desde la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes se ha detectado que muchas de las solicitudes de IMV o bien se deniegan o bien se resuelven con cantidades mínimas porque, entre otras razones, las familias, durante el año anterior a la solicitud tuvieron ingresos económicos.
1.300 solicitudes en noviembre y diciembre
Una vez hay esta resolución del IMV, los afectados pueden optar a la renta social garantizada, y esto ha hecho que el ritmo de entradas de solicitudes a Asuntos Sociales y Deportes se haya disparado y solo los meses de noviembre y diciembre hayan entrado 1.300 peticiones.
La aprobación del Decreto Ley permitirá que las familias necesitadas y sin ingresos puedan recibir la renta lo antes posible y no tengan que esperar a las comprobaciones administrativas que harían que los afectados todavía tuvieran que esperar más tiempo a cobrar.
La nueva norma modifica el artículo 29 de la ley que regula la renta social garantizada para que durante el 2021 la solicitud se apruebe directamente si se presenta la declaración responsable que asegura que se cumple con los requisitos de acceso.
