La directora general de Salud Pública, María Antonia Font, en el punto de mira tras ser citada ante los juzgados por la presunta retención ilegal de más de 200 jóvenes estudiantes, involucrados en el macrobrote. La noticia se ha hecho eco por todo el territorio nacional, por lo que el Govern ha lanzado un comunicado al respecto.
El comunicado inicia aclarando que en relación con la investigación judicial referente al brote de estudiantes de viaje en Mallorca y la citación como investigada para el próximo día 7 de septiembre por parte del juzgado de instrucción número 12 de Palma, el Gobierno de las Islas Baleares quiere transmitir su respeto por todas las actuaciones del poder judicial y reitera que está a disposición de cualquier requerimiento por parte de los tribunales.
Desde el Govern balear afirman que "esto es compatible con la defensa y apoyo a la actuación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo, así como de todos sus miembros, para controlar el macrobrote de contagios de coronavirus producido hace unas cuántas semanas a raíz de unos viajes organizados de estudiantes de la Península".
Además, el Gobierno balear considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta Administración: la defensa y protección de la población.
Así mismo, el ejecutivo quiere recordar que "los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de 'habeas corpus' solicitadas por algunos de los jóvenes a los cuales se requirió mantener cuarentena. Además, los comportamientos de riesgo confirmados después por el seguimiento de las autoridades sanitarias y el volumen de casos detectados en los días siguientes al confinamiento nos reafirman en el hecho que se desarrollaron las actuaciones oportunas", ha finalizado.
