El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual de Torrella, ha llegado a la sede de la institución pocos minutos antes de las 11:00 horas custodiado en un vehiculo por agentes de la Guardia Civil. Según ha informado la misma Autoridad Portuaria a través de su cuenta de Twitter, junto a Gual de Torrella, habrían pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil, el vicepresidente y el director de la institución.
Desde primera hora de la mañana, agentes del Instituto Armado custodian la sede de la APB donde en el interior se está produciendo un registro en el trascurso de una operación contra supuesta corrupción relacionada con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados.
Detenido el presidente de la APB y toda la cúpula
Alrededor de las 11:45 horas han llegado a la sede de la Autoridad Portuaria en Palma otros dos vehículos de la Guardia Civil custudiando a otros de los directivos implicados en el operativo. En el exterior del edificio los trabajadores del organismo han recibido instrucciones de permanecer a la espera de que finalice el registro para poder regresar a sus puestos de trabajo.
En su cuenta de Twitter la Autoridad Portuaria ha manifestado su "colaboración con la Justicia" y el deseo de la "pronta aclaración de los hechos".
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, ha permanecido en las dependencias de la Guardia Civil de la comunidad, junto a otros miembros de la cúpula directiva de la APB.
Cabe recordar que la Guardia Civil se ha personado durante la mañana de este viernes en las sedes de Palma, Eivissa y Maó de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para proceder a un registro que podría estar relacionado con la investigación de un presunto caso de corrupción. El personal de las sedes no ha podido acceder este viernes a su puesto de trabajo. Este jueves por la noche el Instituto Armado ya pidió la declaración de personal de la APB.
El caso estaría relacionado, entre otros asuntos, con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados.
Hace aproximadamente diez años ya se investigó un caso de irregularidades por la adjudicación de amarres en el Puerto de Maó.
