Los promotores inmobiliarios de Baleares califican de "práctica imposibilidad" llegar a poner en el mercado de las Islas vivienda digna a un precio asequible, y atribuyen esa circunstancia a la actual situación económica de crisis y al marco regulatorio existente en la comunidad autónoma, y por tanto quieren que se desclasifique suelo para poder construir.
Esta es una de las principales conclusiones a la que ha llegado este colectivo empresarial durante la Asamblea Anual de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), celebrada el pasado jueves 8 de abril, y en la que se han debatido los importantes retos a los que se enfrentará el sector en un escenario post-pandemia.
Según ha revelado esta entidad, el esfuerzo medio que un residente en Baleares debe hacer para adquirir una vivienda es, en términos de salario anual, "prácticamente el doble" que debe llevar a cabo un habitante de Madrid o Barcelona, ciudades donde los precios de los inmuebles se encuentran en niveles "parecidos" a los de Palma.
"Hoy es necesario dedicar 16 años de salario a la adquisición de una vivienda en Baleares, y los precios de compra de vivienda se han incrementado un 4%, en medio de la pandemia y la crisis económica mundial más extendida de las últimas generaciones", ha remarcado PROINBA en un comunicado difundido tras la celebración de su asamble anual..
Para la patronal, "es paradójico" el hecho de haber entrado ya en una crisis de vivienda, pasando de la emergencia habitacional limitada a ciertos sectores o colectivos sociales a una "imposibilidad generalizada" para el ciudadano medio de Baleares de adquirir una vivienda.
Desclasificación de suelo
A lo anterior, los promotores agregan la adopción de políticas de desclasificación de suelo urbanizable, que califican de "última esperanza" para conseguir unos precios de repercusión de suelo que "hagan viable una vivienda a precio asequible para residentes" y, también, la "negativa" del Govern Balear de llevar a cabo, políticas de colaboración público-privada que permitan la puesta en el mercado de vivienda pública en régimen de compra.
Para la patronal, todo el esfuerzo legal regulatorio llevado a cabo por las administraciones de las islas desde el mes de marzo de 2020, cuando llegó la pandemia de COVID-19 a España, "ha dejado de lado cualquier regulación práctica, seria y útil relacionada con la crisis habitacional", que ya ha sido admitida también por el Ayuntamiento de Palma.
