El pasado 28 de abril, el pueblo colombiano salió a las calles en demanda de condiciones de vida justas, en contra de la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y en la exigencia de un país en paz con justicia social.
Desde entonces se encuentran en Paro Nacional indefinido y desde entonces, la respuesta del Gobierno ha sido una brutal represión contra las personas que legítimamente están ejerciendo su derecho a la protesta, exigiendo una vida digna y el respeto a los derechos humanos.
La respuesta del Gobierno colombiano ha sido de una enorme represión contra el derecho constitucional a la manifestación. Como consecuencia directa de esta represión, las últimas cifras hablan de 43 personas asesinadas por la violencia policial y 1.1133 heridas. La detención arbitraria de manifestantes es también común, y se han denunciado repetidamente violencia y abusos bajo custodia, incluyendo 22 casos de violencia sexual. Esta violencia ya ha sido condenada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras instituciones internacionales.
Las demandas de estas protestas son de carácter social, y se basan en la necesidad de un sistema tributario justo y progresivo que permita cubrir las necesidades básicas de la población, además del desarrollo real e integral de los Acuerdos de Paz, fundamental para el avance hacia una paz estable y duradera. El Gobierno colombiano está poniendo en riesgo la paz en el país al negarse a desarrollar la implementación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un conflicto de décadas.
El Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, que inició las primeras movilizaciones ha sido retirado, lo que supone una clara victoria de los movimientos sociales, pero el Gobierno colombiano tiene la obligación de dialogar con los manifestantes de cara a satisfacer unas demandas que son requisitos indispensables para garantizar la paz y la igualdad.
La población colombiana está siendo reprimida, perseguida, herida y asesinada por las fuerzas policiales y por tanto se debe recordar al gobierno que es su responsabilidad proteger y garantizar los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Inca adopta los siguientes acuerdos:
- El pleno del Ayuntamiento de Inca denuncia la represión brutal e injustificada contra quienes legítimamente protestan en las calles, y llama a que se produzca una investigación internacional que garantice que los hechos violentos sean llevados ante la justicia y no queden impunes tanto los responsables de perpetrarlos como los responsable gubernamentales que los hayan ordenado.
- El pleno del Ayuntamiento de Inca insta al Gobierno de Iván Duque a que garantice el derecho constitucional del pueblo colombiano a la manifestación y proteja su ejercicio.
- El pleno del Ayuntamiento de Inca expresa su solidaridad con el pueblo colombiano en sus justas demandas para una vida con condiciones dignas, paz y justicia social.
- El pleno del Ayuntamiento de Inca insta al Gobierno colombiano a poner en marcha medidas positivas que garanticen condiciones de vida dignas a la población y a implementar el Acuerdo de Paz en todas sus partes.
- El pleno del Ayuntamiento de Inca ,exige a la Comisión Europea la suspensión inmediata del Tratado de Libre Comercio Unión Europea - Colombia que queda supeditado, en su Artículo 1, al cumplimiento de los derechos humanos.
- Dar traslado de los acuerdos al presidente.
