martes 24/5/22

¿A quién se está rescatando con la excusa de la COVID19?

El GOB suma fuerzas con entidades estatales para reclamar rescates y estímulos, para revertir la grave crisis social y frenar la crisis ecológica
Las entidades de La Vida al Centre presentaron en el Parlamento más de 80 propuestas trabajadas colectivamente para que sean asumidas dentro del debate Parlamentario de la Ley de Reactivación Económica (Foto: GOB)

El GOB reclama al Gobierno una verdadera mesa social para abordar la transformación, cada vez más urgente, frente a las consecuencias laborales y sociales "devastadoras" que está teniendo esta crisis sobre el mercado laboral turístico y que las medidas adoptadas, aseguran, "no resuelven en absoluto".

En el ámbito estatal, en los próximos días tendrá lugar la votación definitiva en Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas a las conclusiones de la Mesa de Reconstrucción del Congreso. Es por este motivo que el GOB se ha sumado a la carta lanzada por Ecologistas en Acción,  Observatori del Deute de Globalitzacio (ODG) y OMAL para presionar a los grupos parlamentarios del Estado para la introducción de condicionantes financieros, económicos, sociales, de género y ambientales a empresas en los rescates y estímulos a la inversión post COVID.

Inversiones sin retorno social

"Ante la urgencia de orientar nuestro tejido económico hacia una transición socioecológica justa, la sociedad civil organizada hemos ido mostrando, aquí en las Islas y en el Estado, nuestra preocupación por la ausencia de transparencia y criterios sociales, ambientales y económicos en el elevado presupuesto público comprometido por el Gobierno Estatal e instituciones europeas, sin condicionalidades. Este presupuesto apoya la actividad económica de grandes empresas, que en comparación al destinado a las personas y servicios de curas es escandaloso", explica el GOB. 

La entidad ecologista denuncia que en el caso de las Islas, en vez de rescates, se hacen estímulos a la inversión, como el Proyecto de Ley ahora en trámite en el Parlament, y que vino precedido por un decreto ley ya en vigor que permitía a los establecimientos turísticos "hacer obras de modernización ampliando volumen, incumpliendo parámetros urbanísticos y sin licencia, sin ningún condicionante ni de retorno social y condiciones laborales, ni ningún condicionante relativo al reto climático y ecológico. Todo esto, sin diálogo social ampliado que vaya más allá de la patronal y los sindicatos mayoritarios".

Por todo esto, aseguran que "es urgente una gestión democrática, socioambiental justa y transparente de la crisis. Rescatar a quienes más lo necesitan, no a los que continúan repartiéndose beneficios. Por todo esto hacen falta inversiones públicas y hace falta que los estímulos y rescates se dirijan hacia estos objetivos". 
 

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