Este miércoles, Patricia Gómez, consellera de Salud y Consumo del Govern balear, ha defendido el sistema de clasificación por colores de pacientes de residencias de ancianos.
Así lo ha expresado la consellera en una comparecencia parlamentaria convocada para explicar el funcionamiento de este sistema, tras solicitarlo el PP en junio. Gómez ha aclarado que este sistema se utiliza en la mayoría de Comunidades Autónomas, y que "no es exclusivo de la pandemia".
La consellera ha confirmado que se pidió a las residencias que realizaran una clasificación de sus usuarios "para tener un plan de contingencia útil", pero ha puntualizado que no sólo los usuarios de residencias se clasifican con este sistema, sino toda la población.
Así, según la clasificación hecha en diciembre de 2016, el 3% de la población de Baleares se ubica en el nivel rojo (pacientes de complejidad avanzada), el 10% en el naranja (complejidad moderada), el grueso de la población (54%) en el amarillo -baja complejidad- y sólo un 33% se clasifica como población sana.
Gómez ha añadido que en Baleares se utiliza adicionalmente el color morado para representar a pacientes crónicos avanzados "para tenerlos diferenciados", y suponen un 1% de la población adulta.
Niega que se negasen cuidados especiales a pacientes en ''rojo''
Durante la comparecencia, el PP y Vox han reclamado conocer si este sistema de clasificación se utilizó para discriminar a los pacientes clasificados en el nivel rojo, supuestamente negándoles tratamientos para salvar su vida y aplicándoles directamente cuidados paliativos.
En este sentido, la diputada de Vox Idoia Ribas ha matizado que no cuestionan la herramienta en sí misma sino "el uso que se ha hecho de ella".
La consellera ha rechazado estas acusaciones asegurando que la mayoría de residentes en el nivel rojo fueron trasladados a hospitales de agudos, y que incluso se habilitaron plantas expresamente para ello.
Además ha señalado que la herramienta sirve como "orientación" pero "quien determina a dónde va un paciente es un médico".
La diputada del PP Margalida Durán ha asegurado que la Conselleria actuó "con oscurantismo", preguntándose el motivo si "realmente no había nada que esconder".
"Se hizo de espaldas a los residentes, sus familias y la sociedad, en pleno debate bioético sobre la eutanasia en España", ha dicho, recalcando que "los expertos consideran que es una discriminación" y "representa un atentado ético".
El diputado de Cs, Juan Manuel Gómez, ha advertido a la consellera de que "es normal que cuando una familia se entera de la medida por los medios de comunicación se alarme", en un momento en el que no podían tener visitas con sus familiares.
Así, ha afeado al Govern la falta de comunicación, que hubiera evitado la comparecencia de haberse hecho de forma "más próxima y anticipada".
38 casos activos entre residentes en la actualidad
Durante la comparecencia, Gómez ha dado cuenta de la situación actual del COVID-19 en las residencias de ancianos. En este momento hay 38 casos positivos entre 4.235 residentes, menos del 1 por ciento, ha destacado.
Hasta la fecha han perdido la vida 194 usuarios de residencias de ancianos y otros 807 han superado la enfermedad.
Gómez también ha destacado que la mortalidad sobre el número total de usuarios de residencias es del 4,6%, 1,6 puntos inferior a la media estatal (6,2%).
La consellera ha reconocido que ha habido "decisiones especialmente duras", como la restricción de las visitas, pero las ha justificado como necesarias para frenar la expansión del coronavirus.
Igualmente ha resaltado medidas como los cribados sistemáticos en residencias de ancianos, la formación impartida a trabajadores y la intervención por parte de Salud de varias residencias en las que se habían disparado los contagios. Hasta ahora han sido intervenidas una decena de residencias.
