domingo. 19.05.2024
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Sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en Palma.

Es la segunda vez en menos de 15 días que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) se pronuncia sobre el mantenimiento de las restricciones en las Islas, a pesar del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo, y de nuevo lo ha hecho a favor de la solicitud del Govern. Las restricciones se mantienen.

Según ha informado el máximo órgano judicial de la comunidad autónoma, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado una interlocutoria en la que autoriza las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública por la contención de la pandemia por COVID-19 en las Islas Baleares acordadas por el Consejo de Gobierno del pasado 17 de mayo.

Por tanto, los magistrados han considerado que la Ley Orgánica 4/1981, reguladora del estado de alarma, excepción y asedio, "establece una suspensión temporal de las relaciones funcionales" propias del sistema autonómico. “Esto supone que todas las autoridades y empleados públicos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales quedan sujetos al poder jerárquico de los órganos del Gobierno de España y de la Administración General del Estado. Pero esta centralización no se tiene que confundir”, ha apuntado el TSJB.

El Tribunal ha señalado además que “ante el riesgo de carácter transmisible, el que sin duda se da en la pandemia que sufrimos, la autoridad sanitaria puede adoptar cualquier medida que considere necesaria”. Los magistrados han argumentado que el estado de alarma, "a pesar de haber desplazado el derecho ordinario, no obstante, no lo derogó".

Por lo tanto, agotado el estado de alarma, antes y después del mismo, “rige con plenitud el derecho ordinario, con el que tiene que entenderse que la Ley puede prestar -y presta- cobertura normativa respecto a la adopción de medidas limitativas de los derechos fundamentales”.

Es por eso, que la Sala defiende que “las autoridades sanitarias de las CCAA en el ejercicio de sus competencias en materia de sanidad, cuentan con el derecho ordinario para guiar su acción en la pandemia, el que comprende la limitación de los derechos fundamentales”.

Según la resolución, la incertidumbre sanitaria justifica las decisiones de las cuales la idoneidad y necesidad relativa son inciertas. “Por lo tanto, ante la incertidumbre sanitaria, el principio de precaución explica la adopción de medidas y gravámenes severos, aunque su eficacia no esté probada por cumplido”, han apuntado.

Pocos vacunados aún

Los magistrados han argumentado que en este caso ni siquiera es así, la decisión del Consell de Govern expone en detalle y justifica la necesidad de mantener las medidas elementales de prevención y control de la pandemia y que el número de personas vacunadas no llega a un porcentaje de inmunidad suficiente para llegar a la inmunidad colectiva, “añadiéndose a esto la incógnita sobre el alcance temporal de esta inmunidad”.

Cabe precisar que la resolución contiene un voto particular de dos magistradas del Tribunal que discrepan con el criterio mayoritario de la Sala y que entienden que solo se tendría que haber estimado parcialmente la autorización solicitada por parte del Gobierno.

El TSJB respalda que el Govern mantenga las restricciones