viernes 3/12/21

La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que prepara el Ministerio de Justicia limitará el acceso de los medios a la información judicial. En concreto, los jueces podrán establecer lo que los medios pueden difundir durante la fase de investigación de un proceso judicial y ordenar que se dejen de publicar noticias sobre un sumario.

Además, podrán prohibir que acusados y testigos hagan declaraciones a la prensa, y también dependerá de ellos que los abogados den publicidad de sus escritos. El texto también prevé responsabilidades penales por aquellos que difundan información reservada sobre un proceso abierto sin autorización del juez.

A pesar de que la reforma no es nueva la defensa que hizo este martes el ministro de Justicia en un foro organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha reavivado la polémica. El proyecto de ley se traerá al Consejo de Ministros en octubre.

El informe de expertos para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (futuro Código Procesal Penal) que prevé el Gobierno introduce cambios en su articulado que confrontan abiertamente con el derecho a la información y a la libertad de expresión en opinión de los periodistas presentes en el Foro APM “El papel de los medios durante los procesos judiciales. Código Procesal Penal”, organizado el 28 de mayo por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Algunos artículos de la reforma limitan el derecho a la información”, aseguró Marisa Ciriza, vicepresidenta de la APM.

Nemesio Rodríguez, vicesecretario de la APM, señaló que la Asociación está en total desacuerdo con todos los artículos referidos a las cuestiones periodísticas.

María Peral, redactora jefa de Tribunales del diario “El Mundo”, coincidió con Rodríguez, y calificó de “regresivo” el informe en tres puntos: la posibilidad de que el juez ordene el cese de la difusión de la información judicial; la “mordaza” que se les pone a los encausados, peritos, testigos…, y en el hecho de que, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, afirmó Peral, se amenaza con consecuencias penales en caso de que el requerimiento del juez no sea atendido por un medio de comunicación.

José Antonio Álvarez Gundín, subdirector de “La Razón”, calificó el informe de “restrictivo” y destacó que pone el foco en los periodistas y no en el funcionamiento de los tribunales. Gundín cree que “esta reforma está pensada para cercenar al mensajero, no para que los que tiene que hacer que se cumpla la ley”. En este sentido apuntó que “matar al mensajero era posible cuando solo había uno” pero que “con internet es imposible que un juez ponga vallas”. El subdirector de “La Razón” dijo que “es más eficaz poner el foco de control en el funcionamiento de jueces y tribunales”.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Foto: M. A. Benedicto / APMPor su parte, José Manuel Romero, subdirector de "El País", insistió en la idea de que “lo que hay que cuestionar es porqué los secretos de sumario se alargan tanto en el tiempo”. Por otra parte, Romero apuntó que “como excepción, podría aceptar el requerimiento de un juez si demuestra que una investigación se va a frustrar”.

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