viernes. 19.04.2024
El diputado del PI Josep Melià defiende la PNL ante la Comisión de Hacienda (Foto: Parlament Illes Balears)
El diputado del PI Josep Melià defiende la PNL ante la Comisión de Hacienda (Foto: Parlament Illes Balears)

La comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear ha acordado este miércoles, por unanimidad, pedir al Gobierno de España que impulse planes de inversión pública consensuados con cada Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta sus singularidades. Se trata del primer punto de una proposición no de ley presentada por el PI, que ha incorporado enmiendas parciales de MÉS per Mallorca en su redacción final.

El texto reivindica que este plan de inversión en Baleares tenga como una de sus prioridades la diversificación del modelo económico.

Otorgar exenciones y bonificaciones de impuestos locales

El diputado del PI que ha defendido la iniciativa, Josep Melià, ha criticado que el Gobierno estatal del PSOE "hace dos años que gobierna y no sólo no ha terminado con esta regla tan negativa para los ayuntamientos, sino que, incluso, va lanzando globos sonda en relación con la posibilidad de quedarse con todos estos recursos, lo cual sería terrorífico".

Melià ha expresado su "oposición radical y absoluta" a esa posibilidad. "Este dinero es de los consistorios y son ellos los que deben decidir libremente cómo los invierten", ha protestado.

Igualmente, el Parlament balear plantea modificar la normativa de haciendas locales para que los ayuntamientos puedan otorgar exenciones y bonificaciones de impuestos locales, con carácter retroactivo, como consecuencia de la crisis. 

Sobre esto, Melià ha declarado que la normativa actual "no da herramientas a los consistorios" para poder aprobar estas bonificaciones ante "un hecho tan imprevisible como es una emergencia sanitaria" y el parón económico.

Finalmente, la Comisión reclama una modificación urgente -propone un plazo máximo de diez meses para acometerla- de la normativa de contratos del sector público, más allá del estado de alarma, de manera que las administraciones puedan agilizar sus procedimientos en servicios que necesiten mejoras como consecuencia de la crisis.

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