La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha explicado este martes en rueda de prensa que el departamento de vivienda, que dirige Josep Maria Rigo, ha puesto en conocimiento de la Consellería de Movilidad y Vivienda un listado de siete espacios que se anuncian en portales inmobiliarios y que no cumplen las condiciones de habitabilidad.
Concretamente, aquellas que se detallan en el decreto de habitabilidad del Gobierno y determina que la superficie interior útil mínima tiene que ser de 26 metros cuadrados, entre otros requerimientos. Un hecho que, según la Ley de vivienda lleva implícitas sanciones tipificadas como graves y pueden suponer sanciones que van de los 3.001 hasta los 30.000 euros.
“Es un despropósito que haya quién se aproveche de la emergencia habitacional que vivimos en Ciutat. Si los precios son desorbitados, la demanda es tan desesperada que incluso se aceptan espacios como los que hemos denunciado, que no son considerados como viviendas según la ley”, ha denunciado Truyol.
Entre los espacios que figuran en el listado hay tres que se comercializan en régimen de alquiler en Flor de Lis, Génova y Calle Manacor, algunos de particulares y de inmobiliarias, una local y otros incluso pertenecientes a entidades bancarias. A modo de ejemplo, el piso de Flor de Lis que comercializa un banco tiene 18 metros cuadrados y vale 480 euros.
Precios disparatados
Esto supone que el precio es de 26 euros el metro cuadrado, muy por encima de la media a Palma que se sitúa en 11. Otro de estos espacios que se han localizado en portales inmobiliarios tiene 25 metros cuadrados en Génova y se ofrece por 600 euros en el mes, lo cual supone que el metro cuadrado sale a 24 euros.
El área también ha encontrado cuatro infraviviendas que se vienen, dos a los Pullman, uno a Poniente y otro en la Playa de Palma. El de los Pullman, por ejemplo tiene 24 metros cuadrados y un precio de 125.000 euros. La mayoría de estas ventas están anunciadas por inmobiliarias pero también hay una que lo anuncia un privado.
“Es el momento de enviar un mensaje firme y decir que no lo permitiremos. No permitiremos que la gente no pueda acceder a una vivienda y se tenga que conformar con espacios que la ley no considera aptas para vivir. Por eso hay que introducir medidas de contención del mercado y limitar el precio de los alquileres, como hace tanto de tiempos que pedimos”, ha dicho, incisiva, la regidora.
Limitar precios, evitar desahucios
Truyol ha dicho que la nueva ley estatal de vivienda tiene que permitir que las administraciones locales limiten el precio de los alquileres, doten económicamente los municipios para poder ofrecer alternativas habitacionales y podamos evitar los desahucios. “Las administraciones tenemos que hacer frente a esta problemática y por eso hace falta la implicación del estado”, ha insistido.
Para impulsar cambios estructurales y normativos que hagan posible hacer frente a esta situación Truyol ha explicado que hay que priorizar el incremento del parque público de viviendas de alquiler social y financión adecuadamente los Ayuntamientos por este objetivo y sobre todo controlar y limitar el precio los alquileres. “Solo así garantizaremos realmente que la gente pueda acceder a una vivienda digno y no sea un bien especulativo”.
La regidora también ha exigido que se introduzcan toda una serie de medidas complementarias como por ejemplo de protección legal ante los incumplimientos de códigos de buenas prácticas bancarias; programas de mediación de alquiler para facilitar programas de mediación de alquiler para personas vulnerables; incentivos fiscales para movilizar viviendas desocupadas...
