
El balance social que realiza el Ayuntamiento de Palma del primer año de gestión de la pandemia de COVID-19 es dramático, con miles de familias atendidas, cuyas necesidades económicas además se han triplicado, hasta superar el millón de euros cada mes, un gasto que se ha mantenido en el tiempo.
Según ha precisado el área de Bienestar Social de Cort, entre marzo hasta junio de 2020 se registró un máximo histórico de familias atendidas, hasta alcanzar las 12.000, aunque posteriormente esas cifras "se han ido estabilizando", aunque por otra parte "el gasto destinado a ayudas económicas se mantiene al alza".
“Este último año se ha hecho un esfuerzo ingente para estar junto a las personas que más lo necesitan, para apoyar a sus necesidades básicas y evitar que la crisis acentúe los casos de vulnerabilidad”, ha dicho el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera.
La media mensual de familias atendidas durante los últimos 10 años se situaba era alrededor de las 6.000. Así, en febrero de 2020 fueron 6.450 familias. “Cuando se decretó el estado de alarma por mor de la crisis sanitaria y se confinó la población el impacto inmediato fue sobrevenido por un retroceso y paralización de la actividad sin precedentes”, ha explicado la coordinadora general de Bienestar Social, Catalina Trobat.
La evolución que ha tenido la situación de las familias atendidas durante los últimos seis meses apunta a una estabilización entre las 8.700 y las 9.000, un número que es claramente superior a la media anterior a la pandemia, pero al menos se sitúa muy por debajo del máximo alcanzado hace ahora un año.
En cambio, en cuanto al gasto en ayudas económicas urgentes para las familias, la situación es precisamente la inversa: se registra un aumento del gasto en ayudas por alimentación, productos básicos y conceptos relacionados con la vivienda o suministros.
Vulnerabilidad acentuada
“Cuando se compara el gasto en ayudas económicas de los dos últimos años y hasta día de hoy podemos observar que durante el año 2019 y hasta el mes antes de la crisis de la COVID-19, el gasto mensual no superaba nunca los 400.000 euros. En cambio, un poco después de iniciada la crisis sanitaria, el gasto mensual se sitúa alrededor del millón de euros, llegando a tocar el millón doscientos en 3 meses concretos”, ha concretado Trobat.
“La COVID-19 ha hecho aumentar de manera repentina la pobreza y el riesgo social y acentúa las situaciones de vulnerabilidad preexistentes. Esta situación es reflejada en el crecimiento exponencial de las demandas de ayudas para cubrir necesidades básicas al sistema de servicios sociales”, ha recordado por su parte Noguera.