El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recorrerá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que anula la zonificación de la ciudad, que regula ael alquiler vacacional e imposibilita dedicar viviendas plurifamiliares a esta actividad, al considerar que "no es firme ni de aplicación".
De hecho, Cort ha adelantado que presentará un recurso de casación. Y también ha recordado que el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) del Consell "ampara la normativa municipal" puesto que incluye una adicional que, en previsión de una sentencia desfavorable, mantiene el alquiler vacacional en unifamiliares, aislados, entre medianeras o pareados.
Paralelamente, la ley 2/2020, de simplificación administrativa durante la pandemia por COVID-19, prohíbe todo el alquiler vacacional en el municipio de Palma hasta el 31 de diciembre de 2021, según han recordado desde el ayuntamiento de la capital balear.
Según ha manifestado la edil Neus Truyol, responsable del área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, “la sentencia desprotege a la ciudadanía, tiene un carácter marcadamente neolliberal y desreguladora. Seguiremos trabajando para garantizar el derecho a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria y poner límites a la turistización”, ha remarcado.
Para Cort, la zonificación adoptada por Palma "nace de una demanda social y una preocupación global generada por las dificultades para acceder a una vivienda", y se ve claramente agravada por la evolución exponencial del alquiler turístico en la ciudad.
Cabe recordar que esta ordenación fue aprobada por el consistorio en julio de 2018 y establece la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en todo Palma. Una medida que busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para residentes y, también, asegurar la buena convivencia entre el residente y el turista, y garantizar el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía.
Garantía del PIAT
El PIAT permite mantener la propuesta de zonificación en Palma. En su redacción ya se previó la posibilidad de una sentencia desfavorable e incluye un régimen transitorio. Así, en su adicional 12.3 señala que, en caso de que cayeran las zonificaciones provisionales, se establece un régimen transitorio hasta la zonificación definitiva.
En este punto, se apunta que solo se permiten hacer alquiler vacacional en plazas unifamiliares, aislados, entre medianeras o pareados. Es decir, mantiene la zonificación adoptada por Palma. Actualmente, no hay ninguna vía judicial contra el PIAT. La norma del Consell fue recorrida, pero el TSJIB la avaló en abril de 2021.
Paralelamente, la ley 2/2020 -de simplificación administrativa durante la COVID- prohíbe todo el alquiler vacacional en Palma hasta el próximo 31 de diciembre. Por lo tanto, tanto si se mantiene la zonificación hecha por el Ayuntamiento como si decae, el PIAT ampara las normas establecidas en Palma, que no permiten el alquiler turístico en plurifamiliares.
Nunca estuvo permitido
"El alquiler turístico no ha estado nunca permitido en Palma, incluso antes de la aprobación de la Ley de Turismo", han confirmado desde Cort. Y la zonificación "era una obligación impuesta por la propia ley turística". La modificación de la Ley de Turismo y el decreto posterior aprobados en 2017 marcaron el camino a seguir por el Ayuntamiento para delimitar las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos impulsó una propuesta legislativa popular aprobada en sesión plenaria el 27 de julio de 2017. La motivación del expediente y la resolución final de regulación del alquiler turístico se basan en informes técnicos y en el interés general.
La regulación del alquiler turístico restrictivo en Palma "es imprescindible por la emergencia habitacional que vive Ciutat. Poner límites al precio del alquiler turístico también es una herramienta para reducir la escalada de precios de la vivienda y para volver a poner al mercado de alquiler de larga estancia de pisos y casas", asegura el Ayuntamiento.
Emergencia habitacional
En ese sentido, "si la situación económica ya era complicada antes del COVID-19, ha empeorado con la pandemia. Muchas familias ya tenían dificultades para pagar los precios del mercado de alquiler y esta situación se ha agravado", ha asumido el Consistorio.
Se da la circunstancia de que Palma es la capital donde más ha aumentado el precio del alquiler los últimos años: un 50% entre 2013 y 2019, según el Banco de España. Paralelamente, el nivel de ejecuciones de órdenes de desahucio por alquiler sigue siendo muy alto: 60 cada mes, que representan casi 2 en el día.
Las personas en situación de vulnerabilidad son las que sufren especialmente estas dificultades. En el que llevamos de año Cort ha destinado 3.560.000 euros a ayudas para la vivienda que han llegado a 6.350 familias. La vivienda representa el 40 por ciento de las ayudas que otorga el consistorio.