La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido mantener a Cristina de Borbón imputada en el caso Nóos por dos presuntos delitos fiscales, y deja de estarlo por blanqueo de capital. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada. El juez instructor, José Castro, quien tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del Rey aunque solo lo solicite la acusación popular que ejerce Manos Limpias. AUTO COMPLETO
Si Castro decide llevar a Cristina de Borbón al banquillo su decisión será irrecurrible. Si por el contrario decide sobreseer los delitos fiscales, Manos Limpias podría recurrir tal decisión ante la Audiencia.
Cristina Borbón se sitúa cerca del banquillo de los acusados pero el juez Castro puede aplicar la llamada "doctrina Botín". Ésta permite a un imputado por delito fiscal librarse del banquillo si no hay acusación pública o particular.
La Sala estima los recursos de Manos Limpias y el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia e imputa al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau. También estima los recursos de Manos Limpias e imputa a dos personas vinculadas a Madrid 16 y a Salvador Trinxet. El auto añade el delito de blanqueo a las imputaciones contra Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Ana María Tejeiro. El resto de planteamientos de los recursos son desestimados. La decisión es unánime.
La imputación de Cristina de Borbón por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
