Las denuncias interpuestas por particulares ante la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) por la realización de obras ilegales en territorio rural casi se han triplicado en el último ejercicio, según refleja la Memoria anual de este organismo dependiente del Consell de Mallorca.
El balance de 2020 ha sido presentado este viernes por la consellera de Territorio, Maria Antònia Garcías, quien ha destacado que la ADT "no ha bajado la guardia durante la pandemia", a pesar de que ha repercutido sobre su actividad normal, como le ha pasado a todas las instituciones,
Concretamente, a causa de la situación el año pasado se tuvieron que suspender los procedimientos administrativos durante dos meses y medio: del 14 de marzo al 1 de junio de 2020. Aun así, la gestión de expedientes pudo continuar mediante el uso de herramientas informáticas y el teletrabajo.
Los procedimientos sancionadores y de demolición iniciados en 220 fueron 228, dos más que el año anterior, mientras que creció de forma significativa la paralización de obras en ejecución, con un total de 96, la cifra más alta nunca lograda, superior a las 73 de 2019.
Casi 200 denuncias de particulares
Garcías ha destacado que la Agencia recibió el año pasado 191 denuncias de particulares, la cifra más alta nunca registrada; en 2019 fueron 70. Por otro lado, el ADT ha recibido 225 denuncias enviadas por organismos públicos (ayuntamientos, agentes de medio ambiente de la CAIB, Seprona, etc.), también la cifra más alta registrada, puesto que en 2019 fueron 166.
La consellera también ha remarcado el buen funcionamiento del canal creado por el ADT para informar a la Agencia de forma anónima de posibles infracciones. En la memoria 2020 se han contabilizado 174 comunicaciones anónimas, superando las 138 presentadas el 2019, que fue el año que se puso en marcha esta forma de colaboración.
Al acto también ha asistido el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, que ha explicado que durante 2020 se han impuesto 187 sanciones y se han dictado 82 órdenes de restablecimiento, que si bien son cifras inferiores a 2019, sitúan la actividad de la Agencia en niveles similares a los de 2017 o 2018.
Muchas demoliciones
Tugores ha explicado que durante 2020 se han ejecutado 102 demoliciones, el segundo dato más alto nunca registrado (dado que el periodo 2012-2016 se habían materializado solo 39, 81 en 2017, 97 en 2018 y 124 en 2019).
Dentro de los últimos cuatro años se han ejecutado 404 demoliciones, el 93% de las cuales se han podido acoger a las reducciones de la sanción que establece la Ley, porque los propietarios las han ejecutado dentro del plazo voluntario para hacerlo. El ritmo de demoliciones continúa adelante el 2021, puesto que dentro de los primeros seis meses ya se han ejecutado 61.
La actividad de la Agencia ha provocado la presentación de 163 proyectos de obra de legalización o de restablecimiento en el estado anterior, que suman un total de 609 proyectos en los últimos cuatro años (2017-2020), que han generado en los ayuntamientos de Mallorca unos ingresos aproximados de 2 millones de euros en concepto de tasas e impuestos de construcciones.
Piscinas sin licencia
Respecto a la tipología de las nuevas infracciones detectadas, en 2020 se han detectado 47 viviendas nuevas y 39 piscinas sin licencia, lo cual supone un 30% de las nuevas infracciones detectadas, porcentaje similar al de años anteriores. Las otras tipologías más habituales han sido las edificaciones de nueva planta no destinadas a vivienda (36%) y las reformas o ampliaciones de edificaciones existentes (26%), también porcentajes similares en los años anteriores.
En relación con los municipios adheridos, en 2020 se añadieron 5 ayuntamientos, alcanzando los 32, y en total ya son 34 los que han cedido sus competencias a la ADT, con los dos que se han añadido en el que llevamos de 2021.
En cuanto al personal de la Agencia continúa incrementando progresivamente, de las 14 personas que había el 2014 se pasó a las 39 que había el 31/12/2020 y a las 41 que conforman el personal actualmente.
