El PSIB-PSOE ha presentado en la Comisión de Salud una Proposición No de Ley para que se suprima la tasa de 10 euros por la emisión y renovación de la tarjeta sanitaria individual, por considerar que es un "impedimento injusto, innecesario e insolidario, que rompe la equidad de acceso" al sistema de salud. El diputado socialista Vicenç Thomàs, ha denunciado que este "cobro lineal" limita el acceso universal a la salud, vulnerando los derechos que garantiza el Estatuto de Autonomía.
Dada la resistencia del PP a eliminar esta tasa, el socialista ha defendido que, al menos, se prevea una exención en el pago de la misma para las personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. "Si por dificultades económicas una persona no renueva la tarjeta, deja de ser atendido en el igual que sus hijos e hijas, a su centro de salud", ha explicado.
Thomàs ha argumentado la necesidad de prever estas excepciones porque son necesarias. Tal como el Govern permite desgravar un 15% de los seguros sanitarios privados en el tramo autonómico del IRPF a algunos colectivos (con un coste de 3,5 millones de euros), por la renovación de la tarjeta sanitaria sólo prevé la bonificación del 30% para las familias numerosas y hasta el 50% para las de más de 4 niños.
El socialista ha vuelto a reclamar la adaptación del programa de la receta electrónica para hacer posible que los colectivos más débiles y vulnerables, las personas sin recursos y en riesgo de exclusión social, y los pensionistas y que necesitan mayor atención sanitaria, no tengan que adelantar el copago de los medicamentos.
Restablecer el servicio de mediadores culturales
Thomàs también ha defendido en esta comisión que se restablezca el servicio de mediadores culturales en los centros de salud y en los hospitales públicos. Este servicio, disponible en las Islas Baleares desde el año 2007, facilitaba la comunicación entre los enfermos y los profesionales sanitarios, con el apoyo de un servicio de traducción simultánea, en seis idiomas durante 24 horas al día. Los 11 mediadores culturales que, por ejemplo, en el 2009, atendieron a 17.952 personas, eran un pilar básico para facilitar una buena diagnosis y tratamiento de los pacientes. Su eliminación, el pasado 31 de octubre, supone empeorar, aún más, la atención sanitaria a muchos de estos ciudadanos de origen extranjero.
"Estas barreras constituyen una nueva fuente de desigualdad y un nuevo obstáculo para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos", apuntó Thomas.
