El PI - Proposta per les Illes ha registrado una Proposición No de Ley que insta el Gobierno central a que toda declaración y prórroga de los estados de alarma, excepción y asedio "respeten el máximo posible la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas" y que las competencias ejecutivas y complementarias del estado de excepción, en la medida de lo posible, "recaigan en las comunidades autónomas o los entes locales".
El secretario general y diputado de El PI en el Parlament, Josep Melià, ha puntualizado que "el poder público en situación de alarma se ejerce a través de la Constitución, no al margen de la misma".
Melià ha señalado que la competencia estatal para la declaración del estado de alarma y para su concreción "se tiene que ejercer de la forma más compatible posible con la distribución ordinaria del poder establecido en la Constitución y los Estatutos de Autonomía".
Desde El PI han argumentado que "son muchos los expertos" que consideran que esta regulación se hace más desde la perspectiva del orden público que no desde la perspectiva de una emergencia sanitaria o ambiental.
En este sentido la PNL pide que el Gobierno estudie la modificación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y asedio para incluir claramente las perspectivas sanitaria y ambiental y para dar más participación y decisión en las comunidades autónomas en cuanto que la emergencia afecte sus competencias.
