Ramón Santiago, Eva Cortés y el resto de sus familiares, entre ellos cuatro menores, pueden dormir tranquilos después de que, por séptima ocasión, el desahucio de su vivienda previsto para este jueves a las 10:30 horas haya sido suspendido. Según señala la plataforma Stop Desnonaments Mallorca, la familia ha recibido este miércoles la resolución de la ONU solicitando al estado español la suspensión del lanzamiento.
El anterior intento de desalojo tuvo lugar el pasado 8 de abril. Entonces, los activistas unieron fuerzas con vecinos de Marratxí y miembros de Frente Obrero para formar un convoi de resistencia ante la vivienda, situada en el Camí de la Cabana, en Es Pont d'Inca. Aquel soleado día, los agentes de la Guardia Civil del dispositivo de Seguridad Ciudadana comunicó a los presentes la paralización. Luego, el abogado de oficio asignado a la familia afectada recibió la confirmación telefónica por parte del Juzgado.
Una familia con 10 miembros entre abuelos, hijos y nietos; Cuatro menores de edad, 2 de ellos lactantes
"Ramón está pendiente de juicio y pruebas médicas para que se reconozca su incapacidad laboral tras un accidente laboral sufrido hace años sufrido cuando trabajaba para el Ajuntament de Marratxí", explican desde la plataforma Stop Desnonaments Mallorca. Cabe señala que Eva sufre un 38 por ciento de discapacidad en situación de aislamiento por tratamiento de radioterapia.
Además, agregan que "la mutua y el tribunal médico, como suele suceder, dictaminaron en contra del trabajador (Ramón) para no reconocer sus derechos. Esta situación les llevó al impago y a constantes dificultades".
"Las administraciones han tenido la llave de la solución al caso de Eva y Ramón. Cuando los cargos públicos se encuentran que les exponemos esta realidad muestran preocupación y dicen querer solucionar situaciones como estas, Tratan de intermediar a última hora y es de agradecer cualquier gestión, pero no es la solución, cuando la política general de vivienda de los gobiernos es a grandes rasgos continuista y cuanto menos, poco efectiva", puntualizan.
"Sin noticias" desde marzo del consistorio
En cuanto al consistorio de Marratxí, los activistas aseguran que "seguimos sin noticias desde las protestas del mes de marzo. El ayuntamiento también tiene medios para solucionar situaciones como esta y sin embargo, se niega a ponerlos a disposición para viviendas de alquiler social".
"Mientras tanto, la banca, los fondos buitre y muchos pequeños propietarios siguen abusando a todo trapo de miles de familias que todavía no se han unido a Stop Desahucios ni a otros movimientos combativos en defensa del derecho a la vivienda", explican.
Hipotecas con IRPH
La entidad remarca que "el banco también tiene la solución. Ahora la familia goza de ingresos escasos pero más estables que antes y podría tratar de pagar un alquiler social en lugar de un alquiler poco social casi de mercado, más unos gastos de comunidad abusivos".
"Cajamar que es conocida por contratar hipotecas con IRPH, que es sin duda el peor de los índices hipotecarios sometido a juicio en estas fechas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no quiere dar su brazo a torcer", zanjan.
