La decisión del Consell de Mallorca de Govern de aprobar este lunes, tras mantener una reunión de manera extraordinaria, el Decreto Ley 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio en las Illes Balears, que supone el primer paso de cara a la revisión de la Ley 6/1999 de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) ha sembrado de dudas a los consistorios afectados. Según lo argumentado por la institución balear, el objetivo es hacer aflorar todo el suelo no transformado (ya sea urbano, apto para la urbanización o urbanizable) en los planteamientos municipales.
En Mallorca Confidencial hemos charlado con el presidente de Felib (Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears), Toni Salas. "Estamos en vilo, preocupados y expectantes", reconoce.
"Por una parte, nos gustaría que cada vez que se toquen temas que hagan referencia a los ayuntamientos nos lo comuniquen. Nuestra entidad es plural es decir, aglutina opiniones de todo tipo", subraya Salas.
"Mallorca será la isla más afectada puesto que en Menorca no habrá ningún impacto debido a su ley con el suelo rústico mientras que en Eivissa será puntual". "De todas maneras, nuestros servicios jurídicos lo están analizando", agrega el presidente de Felib.
"El decreto ley de medidas urgentes de protección del territorio afectará a los municipios de diferente manera", advierte Salas.
Los constructores manifiestan su "frontal oposición" al decreto ley de protección del territorio del Govern
Por su parte, la Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que aglutina a más de una docena de organizaciones empresariales y empresas que vertebran el sector en las Islas, ha manifestado su "frontal oposición" al nuevo decreto ley en materia urbanística señalando que "es la puntilla para la economía de miles de trabajadores y familias de Baleares".
En una nota de prensa, el sector de la construcción ha señalado que con su aprobación, el Govern antepone los intereses partidistas "a la emergencia de vivienda asequible y a la emergencia de reactivación económica" que había fijado como prioridad en el decreto de reactivación económica aprobado hace unos días.
Desde CAEB han asegurado que la norma aprobada "no ayuda en ninguna de estas emergencias, sino que viene a imponer la ideología más radical de unos pocos por encima del interés general y de las necesidades reales de la mayoría de sus ciudadanos".
Además, este acto genera una "enorme decepción" porque CAEB esperaba que el Govern "dirigiera los recursos públicos a proteger la salud y la economía de la gente", en peligro por los efectos del COVID-19. "Sin embargo, parece que nos gobierna una pequeña elite de políticos y funcionarios públicos que viven en otra realidad", han sostenido desde la Comisión de Construcción.
