Esta situación lleva un tiempo haciéndose cada vez más habitual: alguien busca casa en alquiler, contacta con el propietario o con una inmobiliaria y, a veces en la primera llamada y otras en plena visita al domicilio, surge la cuestión de a qué se dedica el aspirante a inquilino. Si la respuesta es distinta a 'funcionario público', se aborta la operación.
Desde las inmobiliarias insisten en que se trata de una imposición de los propietarios, que de ese modo intentan evitarse posibles problemas con el cobro de la mensualidad, aunque por otro lado estas empresas advierten que se dificulta culminar las operaciones de alquiler de vivienda e intentan disuadir a sus clientes de que adopten esta decisión.
Según ha podido constatar MALLORCA CONFIDENCIAL, se han dado casos en los últimos meses de aspirantes a inquilinos que no reunían esa condición excluyente pero querían asegurarse la vivienda, que han ofrecido pagar hasta un año por adelantado. Y se han encontrado con el mismo muro: es solo para funcionarios.
Sin embargo, resulta que en Baleares solo hay 57.086 empleados públicos -no todos son funcionarios-, apenas un 10% de los 507.973 afiliados a la Seguridad Social registrados en las islas el pasado mes de julio. Y, encima, se trata de un colectivo que destaca por contar frecuentemente con vivienda propia, debido precisamente a su estabilidad económica.
Tampoco es que los funcionarios estén muy boyantes en este momento, el pasado mes de agosto se anunció que se congelaban sus salarios, porque el Govern no aplicará la subida del 2% que estaba prevista. Aún así, están mejor que las 74.000 personas que engrosan las listas del paro (en agosto) o las alrededor de 90.000 que se encuentran en ERTE.
Pocas excepciones
En algunos casos los propietarios se muestran algo más flexibles y aceptan a otros colectivos que saben -o intuyen- que al menos tienen nómina fija o se encuentran en buena situación económica. Por ejemplo, empleados del sector sanitario y estudiantes universitarios. Pero se impide el acceso a la vivienda libre de otros perfiles más proliferantes.
La proliferación de este singular requisito va ligada a dos factores: la pandemia por el coronavirus COVID-19 y la mayor psicosis por un eventual repunte de la ocupación ilegal de viviendas. Y, ambas circunstancias se encuadran en un escenario de carestía de vivienda y rampante crisis económica, con una caída del PIB estatal en el primer trimestre del 18,5%.
El resultado de imponer que los inquilinos tengan que ser funcionarios supone que muchos residentes de la isla que necesitan cambiar de vivienda porque ya no pueden pagar los alquileres que se pedían hasta principios de año, y que no se han podido poner de acuerdo con sus caseros para reducirlos, no podrán moverse por el momento. Y su situación se agrava.
