21 de diciembre de 2017, 14:48
La sentencia afirma que la norma "vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal" porque "regula, con incidencia sobre el tipo penal definido en la legislación estatal, el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis", en el marco de estas asociaciones.
En su recurso, la Abogacía del Estado alegaba que la norma "invade las competencias estatales referidas a legislación sobre productos farmacéuticos". Por su parte, el Parlamento de Navarra defendía que la ley es constitucional porque "está amparada por la competencia navarra en materia de asociaciones".
