El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado en el pleno del mes de febrero una propuesta de resolución para erradicar la ocupación ilegal de viviendas, defender la propiedad privada y garantizar la seguridad y la convivencia vecinal.
La iniciativa, presentada por el equipo de gobierno municipal, ha contado con el apoyo del pleno e insta al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática.
Un problema creciente en Baleares
La propuesta destaca el aumento de la ocupación ilegal en Baleares, afectando tanto a grandes ciudades como a municipios más pequeños. Además, alerta sobre el impacto que esta situación tiene en la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana, señalando la presencia de mafias organizadas que se benefician con el alquiler ilegal de viviendas ocupadas.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno central a desbloquear la tramitación de la Ley contra la ocupación ilegal de viviendas y a aprobar medidas concretas como:
- Recuperación inmediata de los inmuebles ocupados en un plazo máximo de 24 horas.
- Aumento de las penas para quienes ocupen ilegalmente viviendas o fomenten este tipo de prácticas.
- Anulación del empadronamiento de cualquier ocupante ilegal.
- Facultad para que las comunidades de propietarios puedan actuar legalmente en defensa de la convivencia vecinal.
Declaraciones de la alcaldesa
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha defendido la necesidad de esta resolución en favor de los derechos de la ciudadanía:
"La propiedad privada debe protegerse y no puede quedar en manos de quienes vulneran la ley. La ocupación ilegal genera inseguridad y afecta a muchas familias, por lo que exigimos soluciones reales y eficaces para erradicar este problema".
Solicitud al Gobierno central
El Ayuntamiento de Santanyí trasladará este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España y a la Presidencia del Congreso de los Diputados, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y el acceso legal a la vivienda, sin fomentar prácticas ilegales.
