jueves. 28.03.2024
Juzgado de Inca
Juzgado de Inca

El ministro ha apostado, en un desayuno informativo, por las "políticas de Estado" que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que se encuentra la transformación digital, y en especial de la Administración de Justicia.

Campo ha explicado los retos que ha traído consigo la crisis sanitaria del coronavirus y ha afirmado que hay que aprovechar en la nueva normalidad, por lo que el Gobierno ha "reordenado prioridades".

En este sentido, el ministro ha enfatizado que el departamento tiene el objetivo de aprovechar la "multitud de posibilidades" que tiene la tecnología y ha puesto en marcha un "proyecto de proximidad de la justicia", con la creación de unas oficinas de información, asistencia y tramitación de asuntos que están "enfocadas a evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar a los partidos judiciales".

El titular de la cartera de Justicia ha asegurado que las Oficinas de Justicia, que se desplegarán "pronto" por todo el territorio español, serán "muy útiles para las personas mayores", ya que dispondrán de personal especializado, que les prestarán una asistencia para realizar los trámites.

Con todo ello, el ministro ha recordado que este proyecto entra dentro de unos de sus principales objetivos al frente del Ministerio, que es "hacer un servicio público centrado en las personas". Así, ha reiterado su apuesta por la digitalización de la Justicia que, según ha indicado, no significa "poner robots para sustituir a jueces y fiscales", sino rediseñar el modelo y distribuir los recursos.

Recuperación económica

Además, ha subrayado que la Justicia es "clave" en la recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus, por lo que ha defendido la actuación de su Ministerio en este sentido para la reactivación de los juzgados y tribunales.

En este punto ha recordado el conocido como plan anti-colapso de la Justicia, en la que se han adoptado medidas urgentes como los juicios telemáticos, jornadas de trabajo de mañana y tarde o habilitar parte del mes de agosto; y el plan de choque para las jurisdicciones social y contencioso-administrativo y los juzgados de lo mercantil, ante la previsible avalancha de asuntos derivados de las consecuencias del covid-19.

Algo, que según ha recalcado, se ha conseguido con la "cogobernanza" de los miembros de la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia, integrada por el departamento que dirige Campo, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias en materia transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española.

El Estado abrirá Oficinas de Justicia en los pueblos para evitar desplazamientos