El Ajuntament de Llucmajor exige en el Gobierno de Pedro Sánchez que modifique la legislación vigente y permita a las corporaciones locales invertir el dinero que han ido acumulando en los bancos después de sucesivos superávits a consecuencia de las restricciones que impuso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que recoge, entre otras medidas, la llamada regla de gasto.
El Consistorio considera que el Gobierno de Sánchez tiene que dejar emplear a las entidades municipales los ahorros que con tanto de esfuerzo han conseguido los ciudadanos derogando la denominada 'Ley Montoro'.
"Ahora es ya una obligación urgente derogar esta ley"
El alcalde, Éric Jareño, ha explicado que en el caso de Llucmajor, el Ayuntamiento tiene retenido un total de 14 millones de euros en el banco en concepto de remanente de Tesorería, que son superávits de los últimos ejercicios fiscales. De este dinero Intervención había autorizado poder gastar casi 5 millones de euros el 2020 pero el Gobierno no ha autorizado poder disponer de ellos. "Esta medida congela completamente los planes inmediatos que teníamos para este año".
La regidora de Hacienda, Pilar Bonet, ha manifestado que "lo único que nos han dejado emplear de este dinero es el 20% que supone 1.000.000 euros en servicios sociales, y un 7% en compra de vehículos energéticamente eficientes, que son 350.000 euros, y que se llevan a pleno este mes de julio para aprobar la disponibilidad".
Bonet ha considerado que "ahora es ya una obligación urgente derogar esta ley, al menos en la parte que concierne la capacidad de gasto de los municipios. La crisis sanitaria por la Covid-19 es una crisis económica que afecta en gran medida a los ciudadanos y es obligación de los ayuntamientos apoyar a las necesidades de sus vecinos, dotando de recursos humanos y económicos los servicios sociales municipales".
