viernes. 29.03.2024

El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Jaume Far, ha manifestado este miércoles que considera que la propuesta de reglamento "tiene muchas posibilidades de mejora", y ha instado a los diputados a que el texto se mejore en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.

Así lo ha indicado en respuesta a preguntas de los diputados durante su comparecencia en la Comisión para explicar a los grupos políticos la propuesta de reglamento. En esta intervención, Far ha defendido su propuesta pero ha recordado a los diputados que son ellos quienes deben aprobarla.

En esta línea, Far se ha mostrado dispuesto a incorporar las modificaciones que se consideren necesarias o incluso a presentar otro, pero ha insistido en que lo que quiere es poner "en marcha" la Oficina, "con este reglamento o con otro".

Al respecto, ha recordado que la Ley que creaba este organismo se aprobó hace más de un año y medio y que él lleva unos seis meses en el cargo, pero necesita el reglamento para empezar a funcionar. Según ha resaltado, la Ley contiene "muchas remisiones" indicando que multitud de aspectos deben ser regulados por el reglamento.

Por ello, Far ha explicado que de momento trabaja para "establecer los pilares" y "tenerlo todo listo para poder comenzar cuanto antes mejor".

Por otro lado, Far se ha referido a las alegaciones presentadas por el Consell Consultiu, que advirtió que aspectos del reglamento planteado requerirían pasar por el Consell de Govern.

El director de la Oficina ha lamentado que estas alegaciones sean "tan genéricas". "Me hubiera gustado que el Consultiu concretara un poco más los aspectos que considera que son 'ad extra' y que se deben regular vía decreto del Govern", ha dicho, añadiendo que "no tendría ninguna pega" a que se hiciera de este modo.

En esta línea, Far ha apuntado que si retirase la propuesta, con las alegaciones del Consultiu "no sabría qué reglamento" debería presentar. En cambio, ha señalado, la Sindicatura de Comptes sí ha concretado "en 16 particularidades" sus alegaciones, y entiende "que no tienen que ver con una extralimitación reglamentaria".

Entre otros aspectos, el reglamento prevé que la Oficina disponga de un plazo de un mes desde la recepción de una denuncia para analizar la verosimilitud de los hechos y proponer o el inicio de una investigación o bien el archivo de la denuncia.

La Oficina podrá recibir tanto denuncias en las que conste la identificación del denunciante como denuncias anónimas. El organismo mantendrá la confidencialidad de la persona denunciante, excepto si se lo requiere la autoridad judicial.

¿Por qué no arranca la Oficina Anticorrupción?