martes 22/9/20

Ya se puede exigir ser atendido en español en la Administración balear

La portavoz del Govern, Pilar Costa, tras el Consell del Ejecutivo autonómico
La portavoz del Govern, Pilar Costa, tras el Consell del Ejecutivo autonómico

Aunque está claro que el Govern ha aprobado la nueva norma para fomentar la lengua catalana aún más en la Administración balear, ya que se ha aprobado a propuesta de la conselleria de Cultura, Participación y Deportes, que dirige la soberanista Fanny Tur, el Decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma deja también muy claro que el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol debe garantizar "el derecho de los ciudadanos a escoger cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad en su relación con la Administración".

Y esto quiere decir, ni más ni menos, que si los ciudadanos quieren ser atendidos en español, deberán ser atendidos en la lengua que solicita y no otra.

Se remonta al Decreto de 1990

Afirman desde el Govern balear que "esta norma recupera y actualiza el espíritu del Decreto 100/1990, vigente hasta el 2012. El objetivo, entre otros, es garantizar el derecho de elección lingüística de los ciudadanos", añaden.

Subrayan que "el Decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma, tiene el objetivo de completar la ordenación jurídica de las lenguas oficiales en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma. Las medidas que incorpora este texto son en buena parte las que ya recogía el Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que estuvo vigente durante 22 años y que fue derogado en la anterior legislatura. Por lo tanto, con la aprobación de este nuevo decreto culmina la recuperación del marco legal anterior a 2012, en sintonía con el espíritu de los Acords pel Canvi".

"Normalización del uso de la lengua catalana"

Según la información facilitada por el Govern, "este decreto tiene como objeto regular los usos institucionales y administrativos de la lengua catalana y de la castellana. Estos usos tienen que responder a los principios de fomento y normalización del uso de la lengua catalana que se desprenden del mandato estatutario y que actualmente siguen siendo necesarios".

Se garantizará la elección de cualquiera de las dos lenguas oficiales, es decir, si se pide ser atendido en español, así deberá ser

Según manifiesta el texto que el Ejecutivo autonómico ha aprobado en el Consell de Govern, "el Decreto también busca garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en su relación con la Administración y, en general, los derechos lingüísticos sea cual sea la lengua oficial escogida. Además, también se pretende asegurar la utilización de un modelo lingüístico de calidad".

Ahora bien, el Decreto que se ha aprobado hoy debe responder a la realidad de la sociedad y de la Administración del siglo XXI y, por lo tanto, incorpora una serie de novedades, que tienen que ver principalmente con la implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las comunicaciones mediante Internet y las redes sociales.

Asimismo, el Decreto también prevé la Comisión Interdepartamental de Política Lingüística, que originariamente se había creado a través de un decreto de 1995, y que tiene entre otros objetivos velar por la aplicación de este decreto y, en general, por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

Todos los usos y las medidas que incluye el Decreto están establecidos con pleno respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, los cuales tienen derecho a ser atendidos por la Administración en la lengua oficial de su elección.

Este texto reglamentario consta de un extenso preámbulo, 32 artículos (divididos en 7 capítulos), 8 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria única, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

El Decreto, que es fruto de un intenso y largo proceso de análisis y de reflexión y está de acuerdo con las observaciones del Consell Consultiu, entrará en vigor, excepto las disposiciones previstas en su artículo 24, el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears

Ya se puede exigir ser atendido en español en la Administración balear
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