La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este miércoles el juicio contra una mujer acusada de extorsionar a una excompañera de trabajo, a la que presionó para que se prostituyera y de la que llegó a obtener alrededor de 600.000 euros mediante engaños y amenazas. La Fiscalía pide para la acusada siete años de prisión, además de una multa de 6.000 euros y una orden de alejamiento de 500 metros durante diez años.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al periodo entre 2003 y 2017, cuando la víctima y la acusada trabajaban juntas en Mallorca. A lo largo de esos años, la relación entre ambas fue estrecha, al punto de que la acusada llegó a ser madrina del hijo de la víctima y tenía acceso a su casa y a información personal. Aprovechando esta confianza, la acusada inició una serie de estafas bajo la identidad falsa de un supuesto abogado, indicándole a la víctima que debía hacer diversos pagos para resolver problemas legales ficticios. Para ello, la víctima le entregaba sumas de dinero que dejaba en su buzón o le entregaba directamente.
La situación se agravó cuando la acusada, utilizando otro número de teléfono, fingió ser un mafioso que amenazaba a la víctima con llevarla a prisión y quitarle la custodia de su hijo si no continuaba entregando más dinero. Desesperada, la víctima llegó a pedir prestados 30.000 euros a sus familiares para pagar las demandas de la acusada.
El control sobre la víctima se intensificó cuando, en 2012, ésta se trasladó a Asturias. Allí, la acusada continuó con las amenazas bajo la identidad del falso mafioso, exigiéndole cada vez más dinero. En 2013, ante la presión y el miedo a perder a su hijo, la víctima comenzó a prostituirse en dos clubes de Avilés. El dinero que obtenía, lo ingresaba en una cuenta bancaria controlada por la acusada, quien retiraba los fondos desde Mallorca o los transfería a otras cuentas que ella misma había proporcionado.
Durante cuatro años, la víctima fue explotada sin descanso, trabajando casi a diario y enviando cantidades de entre 250 y 800 euros diarios a la acusada. Esta situación duró hasta 2017, cuando finalmente la mujer fue detenida tras una denuncia.
La Fiscalía acusa a la mujer de un delito continuado de extorsión, por el que solicita cuatro años de prisión, y de otro delito de determinación a la prostitución, por el que pide otros tres años de cárcel. Además, el Ministerio Público reclama una indemnización de 600.000 euros por las cantidades robadas, otros 50.000 euros por los daños morales sufridos por la víctima y la imposición de una orden de alejamiento que prohíba cualquier contacto entre ambas durante los próximos diez años.
El juicio, que podría prolongarse durante dos días, decidirá el destino de la acusada, que enfrentará el testimonio de la víctima y las pruebas presentadas por la Fiscalía en un caso que ha generado gran expectación en Baleares.
