La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes la vista previa al juicio contra 22 personas acusadas de formar una organización criminal dedicada a la sustracción y venta de coches de alta gama. La Fiscalía pide penas que suman más de 200 años de cárcel para 21 de los acusados, mientras que para uno de ellos solicita 90 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Según el escrito del fiscal, los acusados formaban parte de una organización que, desde 2015, se dedicaba a robar vehículos de alta gama, falsificar su documentación y venderlos tanto en España como en otros países. La trama tenía varias formas de operar: robaban coches de la calle y de parkings públicos, así como de depósitos judiciales donde se encontraban embargados.
Los coches robados eran despiezados en un desguace perteneciente a uno de los acusados o vendidos en una tienda de otro de los procesados, quien también los ofrecía en países como Bulgaria, Croacia o Alemania. Algunos vehículos eran reutilizados con matrículas falsas y circulaban por el territorio nacional. La organización, según la Fiscalía, logró sustraer al menos 47 vehículos, aunque no todos han sido recuperados.
La banda estaba jerárquicamente estructurada, con dos líderes principales que ideaban cómo obtener los coches. Contaban con la colaboración de un trabajador de una concesionaria que gestionaba el depósito municipal de Son Bugadelles, quien les proporcionaba información sobre los vehículos embargados. Los miembros de la organización verificaban si los coches tenían cargas administrativas, contando presuntamente con la ayuda de un guardia civil procesado en la causa, que tenía acceso a registros oficiales. Este agente también participaba en un concesionario de coches donde se vendían los vehículos robados. Otros miembros de la banda, como el propietario y una administrativa de un desguace de Son Castelló, también verificaban registros y tramitaban contratos de compraventa.
Los vehículos que no podían venderse completos eran despiezados y vendidos por partes. La cantidad total defraudada no se ha podido determinar, pero se sabe que uno de los vehículos robados está valorado en 64.900 euros.
Así pues, la Fiscalía acusa a los miembros de la organización de delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra la seguridad vial, hurto y hurto de uso.
