17 de octubre de 2020, 12:53
El Govern destina anualmente 30 millones de euros a luchar contra la pobreza en las Islas Baleares, ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Este objetivo lo lleva a cabo, principalmente, a través de dos líneas de actuación: las prestaciones económicas a las familias (renta social garantizada y renta mínima de inserción) y el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Sector que trabajan para combatir la pobreza.
En concreto, la conselleria dedica a las prestaciones económicas a las familias una media anual de 24 millones de euros, de los cuales 20 millones corresponden a la Renta Social Garantizada, puesta en marcha por esta conselleria en 2016. En total se benefician alrededor de 8.500 familias, lo que suponen más de 12.500 beneficiarios.
Por otro lado, el Govern dedica 4 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción que gestionan los consells insulars y que llega a 1.500 familias. La otra línea de lucha contra la pobreza es el apoyo económico a las entidades del Tercer Sector, que reciben de la Conselleria de Asuntos Sociales 6 millones de euros anuales vía convocatoria pública, subvencionando proyectos destinados a luchar contra la pobreza.
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, defiende que se tienen que hacer políticas públicas desde servicios sociales para intentar reducir el impacto de la pobreza sobre las familias, a pesar de que las políticas más efectivas para luchar contra la misma son la protección del trabajo, los sueldos dignos y la estabilidad laboral.
Este año, debido a la pandemia de la covid 19, el presupuesto se ha incrementado en 9 millones. Así, se aprobó una Renta Social Extraordinaria para las personas que se habían quedado sin ingresos durante el Estado de Alarma y una prestación económica excepcional, a través de las entidades sociales, para personas en situación administrativa irregular como mujeres que ejercen la prostitución y para trabajadores. Estas acciones extraordinarias dieron cobertura a 8.000 familias durante dos meses.
Este objetivo lo lleva a cabo, principalmente, a través de dos líneas de actuación: las prestaciones económicas a las familias (renta social garantizada y renta mínima de inserción) y el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Sector que trabajan para combatir la pobreza.
En concreto, la conselleria dedica a las prestaciones económicas a las familias una media anual de 24 millones de euros, de los cuales 20 millones corresponden a la Renta Social Garantizada, puesta en marcha por esta conselleria en 2016. En total se benefician alrededor de 8.500 familias, lo que suponen más de 12.500 beneficiarios.
Por otro lado, el Govern dedica 4 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción que gestionan los consells insulars y que llega a 1.500 familias. La otra línea de lucha contra la pobreza es el apoyo económico a las entidades del Tercer Sector, que reciben de la Conselleria de Asuntos Sociales 6 millones de euros anuales vía convocatoria pública, subvencionando proyectos destinados a luchar contra la pobreza.
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, defiende que se tienen que hacer políticas públicas desde servicios sociales para intentar reducir el impacto de la pobreza sobre las familias, a pesar de que las políticas más efectivas para luchar contra la misma son la protección del trabajo, los sueldos dignos y la estabilidad laboral.
Este año, debido a la pandemia de la covid 19, el presupuesto se ha incrementado en 9 millones. Así, se aprobó una Renta Social Extraordinaria para las personas que se habían quedado sin ingresos durante el Estado de Alarma y una prestación económica excepcional, a través de las entidades sociales, para personas en situación administrativa irregular como mujeres que ejercen la prostitución y para trabajadores. Estas acciones extraordinarias dieron cobertura a 8.000 familias durante dos meses.
