El Govern balear ha aprobado este viernes un decreto que establece sanciones de 100 a 600.000 euros por incumplir las medidas sanitarias en la Comunidad, tipificando entre las infracciones más graves la comercialización de fiestas en las que se produzcan aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o en domicilios privados.
Así lo ha anunciado la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, tras la aprobación del decreto en el Consell de Govern. Se prevé que el texto sea publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial de Baleares, momento en el que entrará en vigor.
Además de las sanciones, en los casos más graves, el Govern podrá acordar el cierre del establecimiento durante un máximo de tres años. El cierre se mantendrá incluso si el local cambia de titular. Si los incumplimientos afectan a viviendas turísticas, también se podrá prohibir su comercialización durante tres años.
Castro ha indicado que el objetivo es proteger a los ciudadanos y turistas que visitan Baleares. "Por la imprudencia de unos pocos no podemos poner en peligro la salud de todos", ha aseverado, insistiendo en que no hay un "ánimo recaudatorio" detrás de estas sanciones.
Tipos de infraccciones
Además del no uso de mascarilla, constituyen infracciones leves, con sanciones de entre 100 y 3.000 euros, el incumplimiento, por parte de establecimientos abiertos al público de ofrecer información a los usuarios sobre horarios, aforos, distancia social y uso de mascarillas; y el incumplimientos de aforo cuando afecte a menos de 15 personas; así como otras infracciones de las obligaciones contenidas en el Real Decreto de nueva normalidad.
Se consideran infracciones graves, con sanciones entre 3.001 y 60.000 euros, organizar o participar en reuniones o fiestas en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención; incumplimientos de aforo y otras infracciones del decreto de nueva normalidad "que produzcan un riesgo o daño grave para la salud de la población". También se considera grave desobedecer de forma reiterada las instrucciones recibidas por las autoridades.
Si las reuniones o fiestas mencionadas se comercializan, pasan a ser una infracción muy grave, con sanciones entre 60.001 y 600.000 euros; incumplimientos de aforo que afecten a más de 150 personas; ignorar una prohibición de apertura de local; en los locales de ocio, tener habilitada la pista de baile -actualmente se permite para colocar mesas y mantener a los clientes sentados-; así como la reincidencia y otros incumplimientos graves del decreto de nueva normalidad.
Las sanciones relativas a la celebración de fiestas incluyen también a las 'party boats' y casas particulares. A preguntas de los medios, la consellera ha aclarado que no se penaliza la celebración de, por ejemplo, una comida familiar, siempre que no se superen los aforos permitidos por las normas sanitarias en cada momento -que en Baleares se prevé reducir a 70 personas en exteriores y 30 en interiores-.
Entrada de la Polícia a domicilios
Una de las inquietudes que se han planteado durante la rueda de prensa es cómo se facilitará que la Policía pueda perseguir estos incumplimientos cuando se produzcan en viviendas privadas. Castro ha aclarado que el Govern no puede en ningún caso habilitarles para entrar en domicilios, puesto que intervendría en un derecho fundamental.
Sin embargo, la consellera ha apuntado que se trató esta cuestión en la Comisión de Emergencias, y que se acordó crear una unidad de análisis conjunta -entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Emergencias- que investigará la comercialización de fiestas ilegales que se publicitan previamente.
De este modo, las fuerzas de seguridad podrán solicitar con antelación una orden judicial que les faculte para entrar en un domicilio. Igualmente, si la orden judicial no llega a tiempo, se establecerán operativos policiales a la entrada de las fiestas como medida disuasoria.
Con todo, Castro ha considerado que las sanciones previstas en el decreto aprobado este viernes ya suponen "un efecto disuasorio importante".
El decreto estará vigente hasta que el Gobierno de España declare finalizada la crisis sanitaria del COVID-19. El texto no fija las normas sanitarias, sino que remite a la regulación que esté en vigor en el momento de los hechos objeto de sanción.
Obligación de llevar siempre la mascarilla
Por otro lado, Baleares prevé hacer obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública en todo momento a partir del lunes, y el decreto recoge esto como una infracción leve, con una multa de 100 euros -la prevista por la normativa estatal-. Con todo, la obligatoriedad de la mascarilla, que se formalizará con una resolución de la consellera de Salud junto a otras medidas, todavía no se ha publicado.
Por este motivo, Castro ha aclarado que habrá unos primeros días "de advertencia" para informar a la población antes de empezar a multar por este incumplimiento.
La consellera ha asegurado que no existe "ninguna duda" jurídica respecto a la posibilidad de multar por no usar mascarilla. El resto de sanciones -como las previstas por la organización de fiestas privadas ilegales- "empezarán a aplicarse desde el minuto uno".
Preguntada sobre si obligar a llevar mascarilla afectará al atractivo de Baleares como destino turístico, la portavoz del Govern, Pilar Costa, ha abogado por "lanzar el mensaje de que estas son unas islas seguras", y "una destinación responsable donde se toman medidas para garantizar que esta seguridad continúe".
Costa ha querido transmitir "tranquilidad" respecto a la situación epidemiológica de Baleares. La portavoz ha indicado que deben estar "preparados" ante rebrotes, pero ha rechazado "hacer especulaciones" sobre la posibilidad de tener que volver a confinarse, como ha ocurrido en otros puntos de España.
