No nos cansamos de escuchar, y más aun en este 2020 de crisis sanitaria y social sin precedentes, que debemos cambiar entre otras cosas, el modelo económico de las Islas Baleares. Estoy de acuerdo y ya se hizo con la aprobación de la Ley de Turismo en 2012, siempre y cuando el “nuevo modelo” siga basándose inequívocamente en la solidez del sector turístico y en su crecimiento en calidad y conocimiento. Distanciarse de esta premisa, ya sería inicialmente, un modelo fallido. La segunda premisa es el entender que el modelo económico y turístico de éxito, depende en mayor medida del sector privado, si bien, también de la connivencia del sector publico para la creación y desarrollo de herramientas y normas tendentes a conseguir el mismo objetivo.
A coto plazo las actuaciones a realizar deberían consistir en la contención y la protección del modelo actual, y paralelamente en la introducción de nuevas variables y parámetros para modelar y variar todas las necesidades que estratégicamente se hayan definido. Ese corto plazo ya ha sido superado en infinidad de ocasiones, y algo como la crisis de este 2020, que debería haberse convertido en una oportunidad para tomar las decisiones necesarias, se ha convertido en un periodo de hibernación y aletargamiento. Y si sólo fuese eso, podríamos hablar todavía de un cambio de rumbo, pero es que desgraciadamente se ha aprovechado la desgraciada situación, para hundir el modelo productivo existente e impedir la reconversión necesaria, o lo que yo llamo reindustrialización del modelo económico y turístico de las Islas Baleares.
Estrategia, planificación y parametrización de cada uno de los movimientos y cambios realizados. Una triada de éxito, que obvian todos los agentes públicos que deberían implantar como premisa en la hoja de ruta, que esta visto que no hay.
Y ese nuevo modelo sostenible debe solucionar al mismo tiempo las carencias en vivienda en propiedad y alquiler; proteger el paisaje y el medio ambiente; asegurar la supervivencia de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la población; incorporar parámetros de control y de acción en escenarios de cambio climático; y por encima de todo en generar crecimiento económico, empleo y bienestar social.
No hay que ser un genio, para ser consciente, que la planificación territorial, urbanística y turística, son la clave del desarrollo y éxito del modelo económico elegido como objetivo principal. A partir de ahí, se podrán ir encajando el resto de piezas, que se sostendrán gracias a una base sólida y planificada.
Repasando brevemente algunas de las acciones llevadas a cabo en los últimos años por las diferentes administraciones, y especialmente en este complicado 2020 por las tres grandes instituciones más cercanas a nosotros y de más incidencia para el modelo a crear, únicamente observamos improvisación, prohibición y demonización. Otra triada, esta, para fulminar cualquier modelo existente o a implantar.
Obviaremos las acciones a nivel estatal que también inciden, y de que modo, en el modelo económico, para centrarnos en las acciones más directas y cercanas en tiempo, modo y lugar.
Uno de los denominadores comunes en todas las administraciones, ha sido la falta de reacción en políticas fiscales, sobretodo en zonas, municipios o islas enteras donde la actividad se ha reducido casi a cero, pero se han seguido y se siguen exigiendo a todas las empresas y ciudadanos, impuestos equivalentes a un 2020 normal.
Un Consell Insular que aprueba el Plan de Intervención en los ámbitos turísticos de la isla de Mallorca (PIAT), obviando el objetivo del mismo. Un Plan Director Sectorial que pretendía ordenar toda la oferta turística de alojamiento y no alojamiento; potenciar el producto turístico de todo tipo, en gran medida el valor añadido del interior de la isla; reconvertir y reordenar las zonas turísticas, con gran énfasis en las maduras; y hacer del paisaje y del medio ambiente una espina dorsal del destino. En su lugar, lo convierte en un instrumento de prohibición, hipereglamentación y nuevamente de fisuración entre sectores, territorio, etc.
También está trabajando el Consell Insular con la modificación del Plan Territorial y el reglamento de la Ley de Urbanismo. Si como ejemplo analizamos lo anterior, y las actuaciones realizadas en carreteras, equipamientos y comercio, no esperemos nada nuevo, ni bueno.
Por otra parte, el Govern de las Illes Balears se ha dedicado a dinamitar la reconversión global de las zonas turísticas; a paralizar los planes de calidad implementados en la Ley de Turismo 2012; y en aprobar Decretos Ley desclasificando suelo urbano y urbanizable, limitando exponencialmente la posibilidad de creación de vivienda, generando uno de los mayores momentos de inseguridad jurídica en el sector de la promoción y de la construcción, al mismo tiempo que la limitación de posible crecimiento o reconversión de suelo, hace que el sector vea a medio plazo un horizonte de paralización de la actividad productiva.
Por último, el Ayuntamiento de Palma ha prohibido el alquiler vacacional en todas sus modalidades; ha prohibido el uso turístico en la totalidad de Palma salvo en edificios catalogados y en calles con un ancho mayor a 20 metros (hagan cuentas…… de facto, casi prohibido el uso), ha limitado la posibilidad de , ha suspendido licencias en todo los inmuebles anteriores a 1956 paralizando la reconversión del ensanche e incorporando el concepto de arbitrariedad y discrecionalidad en tramites reglados como son las concesiones de licencias de obra.
Todo lo anterior son algunos ejemplos, sin querer ser exhaustivo en todas y cada una de las limitaciones, prohibiciones y propuestas que las diferentes administraciones han impulsado en el úlltimo año. Vamos, vivimos la tormenta perfecta, en un escenario donde la mayoría de los actores todavía están bloqueados y no reaccionan ante lo que vemos que es un cúmulo de reacciones contrarias a la generación de protección, confianza, crecimiento, sostenibilidad y competitividad.
Podría estar equivocado y sin duda en este caso, no se trata de improvisación, sino de planificación e implantación, esperemos que involuntaria, de un modelo de ruina económica, empresarial y social sin precedentes.