domingo. 28.05.2023

Ley del alquiler vacacional o la crónica de una muerte anunciada

El que tenía que ser el proyecto estrella del gobierno en esta legislatura acabó ayer convertido en una ley que nace estrellada desde su origen. Ya sabíamos que no tenía el acuerdo del sector turístico, ni de las patronales, ni de los propietarios, ni de las comunidades de vecinos o los ayuntamientos. Pero a la hora de votarla en el Parlamento balear quedó bien claro que tampoco tiene el consenso de los propios socios del Pacto.

Se aprobó definitivamente una ley que surge inaplicable, tramitada con prisas y llena de remiendos. Aprobada a trozos por PSOE y por Més, rechazada unánimemente por el PP, Ciudadanos y el PI, y liada por un despistado Podemos que a ratos ha votado con los socialistas, otros con el PP y algunos incluso contra sí mismo.

De mala calidad y poca técnica legislativa, incluye infinitas enmiendas en su articulado, disposiciones finales bautizadas como “cero” y “cero bis”, “disposición xxx” o artículos hasta siete veces enumerados.

Pero la técnica siempre mejorable y subsanable, no sería fuente de conflicto por si sola, si no fuese porque después de dos años de tiras y aflojas, la ley de modificación de la ley turística de 2012 crea más problemas de los que soluciona.

Acaba dejando en el aire el alquiler turístico en plurifamiliar, ya que ni lo regula ni lo prohíbe, sino todo lo contrario. Mantiene la prohibición de la anterior ley del Partido popular gracias a los votos de Podemos, pero permite excepciones de 60 días en viviendas habituales remitidas a una reglamentación administrativa posterior que deberán vigilar los sufridos funcionarios.

Nace ambigua, con requisitos subjetivos como la autorización de comunidades de vecinos, la futura zonificación municipal, o la necesaria antigüedad de un lustro para ser consideradas viviendas alquilables, lo que determinará que cada año aparecerán nuevas legalizaciones a medida que se vayan cumpliendo los cinco deseados años. Con todo supone una auténtica moratoria en el alquiler turístico que podría tardar un año en resolverse y lo único que deja claro es una potestad sancionadora estricta y costosa para aquellos pobres propietarios que no puedan acreditar su ‘no presumida’ legalidad.

Una mala ley en la que no se ha querido incluir la propuesta del Partido Popular de salvaguardar los derechos de aquellos propietarios que a día de hoy tenían alquiladas sus viviendas, obligados a comprobar si su situación jurídica ha cambiado de la noche a la mañana y lo que era un alquiler legal se ha transformado en negocio gravemente sancionable por el gobierno de ‘progreso’.

Y a su vez una norma controvertida y legalmente discutible por su más que evidente colisión con la regulación estatal de arrendamientos urbanos, superior y de obligado cumplimiento, que originará previsibles cuestionamientos judiciales en un futuro no muy lejano.

Me prometí no volver a escribir esta semana sobre alquiler turístico, pero actualidad obliga.

La que debía ser la ley estrella del Gobierno balear nace a mi entender cómo una ley estrellada para un conseller más que cuestionado por todos, propios y ajenos. Y confiemos que también sea una ley ‘estrella fugaz’, pues si la ciudadanía otorga suficiente confianza al Partido Popular en la próxima legislatura, será sin lugar a dudas uno de los primeros despropósitos legales que se derogarán, si no lo han hecho antes los tribunales.

Lástima de tiempo perdido para los sufridos ciudadanos que son los que en definitiva se ven afectados por los delirios de algunas de las mal llamadas ‘cabezas pensantes’ del Pacto.

Ley del alquiler vacacional o la crónica de una muerte anunciada
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